La enajenada situación normativa que tortura el trabajo proyectual, y el cada vez más torpe corrimiento de las normativas hacia la cultura de las prescripciones; urbanísticas, de seguridad, constructivas, etc., y actualmente las medioambientales, gravita innecesariamente sobre los procesos de investigación aplicada que emergen de objetivos ecológicos. El carácter restrictivo-limitativo de los articulados normativas no sólo no eleva proporcionalmente la seguridad y control sobre el medio, sino que tampoco el incremento burocrático de los controles de evaluación garantizan la calidad de los resultados o la limpieza de los procesos.
La cultura de las prescripciones, por exhaustiva que sea, nunca prevé la realidad en toda su complejidad y dinamismo porque es imposible, y por tanto retarda la evolución de los procesos sociales.
Para esta cultura la realidad se estereotipa y resume en los estrictos parámetros de la norma, y cuando ello no es posible el proceso se pervierte en un resultado enajenado del tiempo y su entorno social y cultural o se margina directamente de la legalidad.
Existe, sin embargo, otra cultura inserta en el compromiso compartido entre administración y administrados para la intervención en el medio y responde al concepto de pacto sobre las prestaciones a alcanzar prestaciones referidas al entorno humano eficaz.
Este pacto es resultado de una negociación de responsabilidades. La normativa que se deriva de la cultura de las prestaciones (mucho más sencilla y pedagógica), y establecidos los objetivos de calidad para las diferentes disciplinas (urbanísticas, seguridad, salubridad, constructivas, etc.) ambas partes negocian sobre ellos.
Obviamente una negociación entre partes precisa una paridad de competencia. Es decir, la Administración debe proveer de interlocutores cualificados al nivel de los proyectistas y de sus propuestas.
Sistema de gestión de gran transparencia por la corresponsabilidad de las partes.
Solo en este marco de negociación de las prescripciones y las responsabilidades se construye un marco de progreso armónico y simétrico entre el dinamismo de la actividad social y la defensa del bien común y porque no decirlo la condición esencial en la construcción compartida del paradigma de la sostenibilidad.